En general, la percepción de la corrupción en los gobiernos de América Latina ha sido históricamente negativa. La región ha enfrentado desafíos significativos en materia de corrupción, que van desde la falta de transparencia en los procesos gubernamentales hasta la impunidad y la infiltración de la corrupción en diversas instituciones.
Sin embargo, en los últimos años ha habido avances en la lucha contra la corrupción en algunos países de la región. Han surgido movimientos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que han presionado por una mayor transparencia y rendición de cuentas. Además, se han implementado reformas legales, sistemas anticorrupción y se han fortalecido los sistemas de justicia para abordar este flagelo.
Sin embargo, según el portal económico DFSUD la edición 2023 del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC sigla en inglés) del Americas Society/Council of the Americas and Control Risk, refleja que Panamá, República Dominicana, Paraguay, Brasil y Argentina son las únicas economías que lograron superar su puntaje frente a la edición previa del mismo estudio y que los demás países por el contrario mostraron una disminución en el puntaje promedio regional por primera vez desde 2020.
El estudio que abarcó 15 países de América Latina, los cuales representan conjuntamente el 96% del PIB de la región, se observó que 10 de ellos experimentaron una disminución en diversos grados en su capacidad para combatir la corrupción. Este panorama refleja un entorno menos activo y movilizado en la lucha contra este problema.
En lugar de evaluar los niveles percibidos de corrupción, el índice CCC se enfoca en medir y clasificar la efectividad con la que los países pueden enfrentar este desafío. Aquellos que obtienen una puntuación más alta en este índice son considerados más propensos a lograr la persecución y el castigo de los actores corruptos.
El ranking toma en cuenta diversas variables clave, entre las que se encuentran la independencia de las instituciones judiciales, la fortaleza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco. Estas variables se dividen en tres categorías principales: capacidad jurídica, democracia e instituciones políticas, y sociedad civil y medios de comunicación. Al considerar estas variables, se obtiene una evaluación más completa de la capacidad de cada país para enfrentar la corrupción.
El informe señala que, en general, el retroceso no fue tan dramático en comparación con el año pasado, sino que refleja una tendencia constante que se ha mantenido durante varios años. Solo cinco economías: Panamá, República Dominicana, Paraguay, Brasil y Argentina, lograron mejorar su puntaje en comparación con la edición anterior. En cambio, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, México y Guatemala obtuvieron resultados peores que en la versión anterior. Aunque Chile, Costa Rica y Uruguay son los países mejor clasificados en la región, también experimentaron esta tendencia.
¿Pero cuáles podrían ser las razones de la desaceleración en la lucha contra la corrupción?
Viendo los casos particulares de los 3 mejores puntajes en el ranking, que corresponden a Uruguay, Costa Rica y Chile se identificaron retrocesos en variables clave de la capacidad jurídica como la independencia y eficiencia, la capacidad para combatir los delitos de cuello blanco y cooperación internacional en materia de aplicación de la ley; por otra parte, algunos de estos organismos anticorrupción continúan sin fondos suficientes para continuar con su labor, lo que puede socavar los futuros esfuerzos anticorrupción.
El mayor revés a nivel de categoría en la economía andina en 2023 fue en la sociedad civil y los medios. Con un 8% menos, siguen siendo independientes y robustos, pero se percibe que el interés público en la corrupción ha disminuido en los últimos años, ya que temas como el crimen organizado y la economía tomaron mayor prioridad.
En cuanto a los Sistemas de Gestión implementados en organizaciones y entidades públicas en la región, ha habido esfuerzos para establecer marcos normativos y mecanismos de control más robustos. Algunos países han adoptado leyes y regulaciones específicas para prevenir y combatir la corrupción y han fortalecido los organismos encargados de la fiscalización y supervisión.
Sin embargo, a menudo se enfrentan desafíos en su implementación y cumplimiento debido a la resistencia, la falta de recursos, la interferencia política y otros obstáculos. Además, la corrupción es un fenómeno complejo que requiere abordajes integrales y sostenidos en el tiempo para lograr resultados significativos. La superación de estos desafíos requiere de un compromiso continuo, tanto a nivel gubernamental como de la sociedad en su conjunto, para promover la transparencia, fortalecer las instituciones y garantizar la rendición de cuentas.